El Gobierno español aprobó en septiembre de 2021 un decreto ley para limitar el aumento trimestral de la tarifa de último recurso (TUR) del gas. Según esta norma, la TUR no podía subir más del 5% en cada trimestre, lo que evitó que el precio del gas se incrementara en un 38% desde octubre de 2021.
Esta medida no solo ha beneficiado a los consumidores, sino que también ha generado una acumulación de deudas con las comercializadoras reguladas, debido a la renovación del límite en sucesivos decretos.
Ante el recrudecimiento de la crisis en 2022, el Gobierno decidió hacerse cargo del agujero de la TUR del gas, incluyendo una dotación de 3.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para pagar los déficits acumulados.
Fuentes del sector energético aseguran que el Gobierno planea ampliar un año más el límite a la TUR, si el PSOE forma Gobierno en octubre. De esta manera, se podría aprobar una nueva Ley de Presupuestos para 2024 y destinar una partida económica más acorde a la realidad.
La subvención de la TUR ha tenido un impacto significativo en el mercado regulado, generando un aumento histórico en el número de usuarios. En menos de un año, 1,4 millones de usuarios han contratado la TUR.
Además, desde comienzos de este año, las comunidades de vecinos también pueden contratar la tarifa regulada gracias a un cambio regulatorio.
No obstante, queda por determinar si las medidas anticrisis se eliminarán a partir de 2024, ya que la situación política y económica aún no es propicia para tomar esa decisión. Sin embargo, los consumidores esperan que se sigan tomando medidas para garantizar el acceso a una tarifa justa y asequible.
